El Banco Popular lanzó en Mayo de 2016 una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente de 2.500M €, y entre cuyos objetivos y según la presentación que publicó dicha entidad sobre esa operación, estaba disponer de un mejor margen de maniobra frente a requerimientos regulatorios futuros y frente a la posibilidad de que se materializasen determinadas incertidumbres que puedan afectar significativamente a sus estimaciones contables, con la intención de acelerar la vuelta a una política de dividendos en efectivo normalizada a partir de 2017(*).

Sin embargo y a pesar de estos objetivos, el 7 de junio de 2017 se produjo el rescate del Banco Popular y todo ello tras la liquidación ordenada por la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB español con la consecuente pérdida de la inversión de los accionistas y bonistas de dicha entidad.

Ante esta situación, y a la espera del desarrollo de los acontecimientos y demás información que saldrá a la luz en los próximos meses, una de las claves de las posibles demandas que se formulen contra el Banco Popular podría centrarse en tratar de demostrar que la situación financiera y contable del Banco Popular publicada y divulgada en el Folleto Informativo de la ampliación de capital del año 2016 y en base al cual los inversores suscribieron y adquirieron las acciones no se ajustaba a la imagen fiel de la entidad.

En ese mismo sentido podrían encontrarse para exigir responsabilidades las personas que ya eran accionistas con anterioridad a esa ampliación y que se mantuvieron en dicha condición atendiendo a la información contenida en las Cuentas Anuales y otro tipo de informaciones, siempre y cuando se demuestre que las mismas no reflejaban una imagen fiel de su situación financiera y contable.

Esta podría ser la línea de acción de los pequeños inversores, cuestión y tratamiento distinto, será la estrategia que puedan seguir los inversores cualificados o los inversores institucionales, que aunque sea una cuestión controvertida por la doctrina jurisprudencial, puede considerarse que como tales expertos podían tener acceso a información complementaria, distinta al folleto informativo y/o cuentas anuales, para evaluar los activos y pasivos de la entidad emisora demandada, su situación financiera, beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor y de los derechos inherentes de dichas acciones.

Y todo ello siguiendo la línea que se apuntaba en la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, y que en un supuesto en el que se dilucidaba la nulidad de la orden de compra de acciones de Bankia consideró que “La cualidad de pequeños inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información sobre los datos económicos que afectan a la sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son relevantes para tomar la decisión inversora”.

Asimismo, otra vía podría consistir en la impugnación en el orden administrativo de las distintas Resoluciones de los reguladores, entre las cuales, se encuentra una posible impugnación de la valoración previa realizada por un experto independiente y que sustentó la decisión de la Junta Única de Resolución.

En este sentido, puede resultar sumamente clarificadora la valoración específica que va a realizar una vez implementadas las medidas acordadas por la Junta Única de Resolución un experto independiente al objeto de confirmar si los accionistas y acreedores habrían recibido un mejor tratamiento si la entidad hubiera sido objeto de un procedimiento concursal y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.16 del Reglamento (UE) nº 806/2014, de 15 de julio.

(*) Página 16 del Folleto de Ampliación de Capital de 2016.

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