El pasado 20 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que considera que los bitcoins no pueden equipararse al dinero ni tener esa consideración legal a efectos de responsabilidad civil.

El caso que ha llevado a este pronunciamiento del Alto Tribunal tiene su origen en un contrato de “Trading de alta frecuencia” (HFT), un tipo de negociación en los mercados financieros realizada a través de ordenadores y algoritmos que se caracteriza por su celeridad y que en muchos casos las operaciones no se llegan a materializar. En este contrato el condenado se comprometía a gestionar una serie de bitcoins reinvirtiendo sus posibles dividendos y entregándolos al vencimiento del contrato una vez descontada su comisión. Este supuesto bróker de bitcoins, “movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito y aparentando una solvencia de la que carecía”, no tuvo nunca intención de cumplir dicho contrato, pues solo pretendía apropiarse de las criptomonedas depositadas y fue falsificando informes para satisfacer a los inversores. Por todo ello, fue condenado por un delito de estafa continuada por Sentencia de 7 de marzo de 2018 que ha sido plenamente ratificada en sede casacional.

El ponente de esta resolución (Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde) aprovecha el recurso de casación de los perjudicados, en el que piden la restitución de los bitcoins objeto del delito (en virtud del art. 110 CP), para valorar jurídicamente dicha moneda virtual. Considera que lo que debe resarcirse es el acto de disposición patrimonial materializado en euros, pues los bitcoins no son un objeto material ni tienen la consideración legal de dinero. También destaca que, aunque la mencionada criptomoneda no tenga una cotización que fije su precio, sí que dispone de un coste semejante en un momento concreto, lo que “permite utilizar al bitcoin como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten”. Y es por ello que no solo cabe retornar a los perjudicados en concepto de daño el importe en euros de la aportación realizada en bitcoins, sino también la rentabilidad que estos hubieran proporcionado desde que se firmó el contrato hasta la fecha de vencimiento como parte del perjuicio causado, todo ello en concepto de responsabilidad civil.

En conclusión, que el bitcoin no es una moneda de curso legal era vox populi. Pero que deba tenerse en cuenta la disposición patrimonial traducida a euros, no cabiendo la restitución en especie por ser considerado un “activo inmaterial de contraprestación o de intercambio”, supone una acotación importante desde la jurisprudencia de esta “pseudomoneda” con la que convivimos desde hace relativo poco tiempo.

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