Resumen de la problemática

Una sociedad fue declarada en concurso voluntario de acreedores en julio de 2014, habiéndose dictado, seguidamente, Auto que concluía el mismo por insuficiencia de masa activa de la sociedad.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.3 de la Ley Concursal, se acordó en el mismo Auto la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concursada, así como la cancelación de su inscripción en los registros públicos.

Régimen jurídico aplicable:

  • Ley Concursal (“LC”).
  • Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).
  • Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (“RDGRN”) de 30 de agosto de 2017.
  • Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”).
  • Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho Auto, los socios procedieron a acordar la disolución y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

El Registro Mercantil deniega la inscripción de la misma por entender que la sociedad ya constaba efectivamente extinguida en virtud del Auto de conclusión del concurso.

La RDGRN de 30 de agosto de 2017 revoca dicha calificación del Registrador Mercantil y ello por lo siguiente:

Efectivamente la conclusión del concurso conllevará la extinción de personalidad jurídica existiendo así una presunción de disolución de la sociedad.

Pero esto ha sido matizado por la DGRN, que entiende que, aun así, la personalidad jurídica de las sociedades persistirá y que la extinción no conlleva necesariamente la disolución real de la sociedad.

De este modo, para la DGRN con dicho Auto de conclusión no se habría producido tal disolución sino únicamente su extinción formal, por lo que dicha declaración judicial de extinción no implica que se desplieguen efectivamente los efectos de la disolución (extinción definitiva y la pérdida de la personalidad jurídica) ya que esta requiere la liquidación previa de su patrimonio.

En este sentido, no habrá sociedad de capital (pues está extinguida), pero sí personalidad jurídica.

Así, la extinción de la personalidad jurídica dispuesta por el Auto de conclusión del concurso debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe, y su fin es evitar operaciones futuras, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico.

Por ello, dicha extinción resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica, por lo que ésta ha de conservar su personalidad jurídica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones.

En conclusión, la sociedad mantiene una personalidad jurídica «residual» hasta la completa extinción de las relaciones jurídicas, debiendo sus liquidadores deberán hacer un uso responsable de la misma según expuso el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2015 (Rec. 345/2014), con cita de otra anterior 2012.

De este modo, y tal como ha ocurrido en el presente caso, con la extinción de la sociedad (con cancelación de la hoja registral) como consecuencia del Auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, es improcedente inscribir una ulterior escritura de disolución de dicha sociedad (artículo 11 RRM).

No obstante, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de este expediente el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil.

***********

Compartir Post
About the author