Se han presentado avales para acceder a puntos de evacuación por 23.000MW, de los que 8.700MW corresponden a proyectos ganadores de las dos subastas de renovables realizadas por el gobierno durante el 2017.

Pero estos proyectos que han ganado la subasta tienen que empezar a buscar financiación de la construcción de las instalaciones, pues tienen unos plazos que cumplir de forma urgente y muchos ellos entrar en operativa alrededor del año 2020. Los bancos rechazan la volatilidad, aunque cada vez menos, y el mercado OMIE no da seguridad de precios. Ahí es donde están encajando los PPA, que garantizan al productor una seguridad de ingresos, y cuyo plazo medio de duración ronda los 5 años.

Los PPA son acuerdos de compraventa de energía entre un productor de energía y un comprador, que puede ser comprador directo o comercializador, que vendería su energía a sus clientes. La empresa comercializadora actuaría, a su vez, como representante del productor de energía. En los PPA se debe establecer el plazo, la cantidad de energía y el precio de compra, debiendo tenerse en cuenta que este está relacionado con el riesgo de mercado, inevitable y que se trata de una cobertura a largo. Los contratos pueden ser contratos bilaterales físicos, con el subyacente energético, o contratos bilaterales financieros, que minimiza riesgos del contrato físico, liquidando por diferencias.

En España, el mercado OMIE registra gran volatilidad, por lo que los PPA suponen estabilizar los ingresos a largo plazo, permitiendo desarrollar escenarios duraderos y alcanzar una financiación adecuada. Debe tenerse en cuenta que para obtener esta financiación bancaria, las entidades de crédito exigen un marco legal estable, que parece que ahora lo hay en España, un recurso renovable acreditado con la tecnología productora solvente, y, por último, que el productor pueda ofrecer un flujo de caja constante en el tiempo. Garantizar este flujo de caja y los ingresos que obtendrá el producto, es el valor fundamental que pueden otorgar los PPA.

Muy importante para los consumidores finales es poder acreditar cuál es el origen de la energía y que la misma sea renovable y que las mismas participan, como compradores de dicha energía, en la mejora en la reducción de emisiones. Es la CNMC quién expide las garantías, que se transmiten al consumidor final, todo ello en relación con las normas medioambientales y los esfuerzos que realizan las grandes compañías para preservar el liderazgo en el cumplimiento de esta normativa y el mantenimiento de la sostenibilidad en todo su proceso de fabricación. Se trata de las conocidas Garantías en Origen y su transmisibilidad.

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