En la reciente Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado se plantea la duda de si para establecer en los Estatutos Sociales de una sociedad limitada un derecho de arrastre se precisa el acuerdo unánime de todos los socios.

Se pretendía la inscripción de una cláusula en la que si socios que ostenten igual o más del 65% del capital social quieren aceptar una oferta de compra de todas las participaciones sociales de las que son titular, y dicha oferta estuviese condicionada a la compra, también, de participaciones adicionales de otros socios, los mayoritarios estarán facultados para requerir y obligar al resto de los socios a que igualmente transmitan al tercero interesado, a prorrata, las participaciones sociales de su titularidad que sean necesarias para cubrir la oferta del tercero. Ejercitado este derecho de arrastre, los restantes socios vendrán obligados a la venta de sus participaciones al tercero.

El registrador suspendió la inscripción solicitada porque, a su juicio, es necesario «el acuerdo unánime de todos los socios, por cuanto puede implicar una exclusión de los socios que se ven obligados al cumplimiento del mismo y exige el consentimiento individual de los afectados. (Artículos 291 y 351 de la Ley de Sociedades de Capital)».

Ante el recurso interpuesto, la Dirección General, en primer lugar reconoce la validez de las cláusulas estatutarias por las que un socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero obligue a los demás socios a transmitir también las suyas a ese tercero en las mismas condiciones. Continúa manifestando que la licitud de la cláusula «drag along» es indudable y esta pretende facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad significativa de participaciones frente a posibles conductas obstruccionistas de socios minoritarios. Es posible el establecimiento de pactos estatutarios que impongan la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos (artículo 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil).

Pero esa posibilidad y licitud exige que la modificación del régimen de transmisión de las participaciones, en el caso de que así lo acuerde la junta general, se realice con el consentimiento unánime de los socios.

Por ello se desestima el recurso.

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