El  Real Decreto-ley 7/2019 supuso la quinta modificación de la normativa aplicable a los arrendamientos urbanos en menos de siete años; pero es que, además, las condiciones aplicables a los alquileres por el Real Decreto-ley anterior y las que se aplicaron tras su derogación duraron 34 y 43 días, respectivamente (del 19.12.2018 al 21.01.2019 y del 22.01.2019 al 05.03.2019, ambos inclusive).

Esta inestabilidad, además de una gran inseguridad jurídica, genera serias dudas en todos los sujetos que intervienen en el arrendamiento de una vivienda. Es por ello que les queremos resumir las principales condiciones aplicables al alquiler de una vivienda en la actualidad:

  • Duración: la que pacten las partes, pero si el plazo fuese inferior a 5 años si el arrendador es persona física y 7 años si es persona jurídica, el arrendatario tendrá derecho a prórrogas forzosas hasta esa duración.
  •  Prórrogas: potestativas y hasta 3 de un año cada una.
  • Actualizaciones: es necesario pacto expreso, en el contrato o por acuerdo posterior, y estarán limitadas al IPC,
  • Subidas de renta: cuando termine la duración o una de sus prórrogas.
  • Fianza: 1 mes de renta, que no se actualizará los primeros 5 o 7 años.
  • Garantías adicionales: limitadas a 2 mensualidades.
  • Resolución o no renovación:  preaviso de 2 meses para el arrendatario y 4 meses para el arrendador. El arrendatario podrá resolver anticipadamente tras los 6 primeros meses; y, siempre que se hubiera pactado por las partes, deberá abonar una indemnización que no podrá ser superior a un mes de renta por cada año que le quede por cumplir.

Asimismo, este Decreto ha conllevado otras modificaciones, a reseñar:

  • Arrendamientos excluidos: además de los que había hasta ahora, se incluyen las denominadas viviendas sunctuarias, que son las de más de 300m2 o las que tengan una renta superior a 5,5 veces el SMI (febrero 2020→ 6.095,84 €/mes)
  •  Inscripción en el Registro de la Propiedad: ya no es necesaria para que produzca efectos frente a terceros.
  • Resolución por necesidad del arrendador: transcurrido un año siempre el arrendador sea persona física y que se haya hecho constar de forma expresa en el contrato.
  • Desahucio: el proceso se deberá comunicar de oficio a los Servicios Sociales que se pronunciarán sobre si la vivienda se encuentra en situación de vulnerabilidad, y harán un informe en el plazo de 1 mes si el arrendador es persona física y 3 meses si es persona jurídica, suspendiendo el proceso.
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