En la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, se establece como regla general la división en lotes en los Expedientes de Contratación Pública, y todo ello con el objetivo de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas.

Sin embargo, hoy en día no es infrecuente encontrarnos con Expedientes en los que se agrupan los lotes en un único contrato sin la debida justificación, circunstancia ésta que podrá ser motivo de impugnación.

Y es que en la actual LCSP (Exposición de Motivos y art. 99) se invierte la regla general anterior y que optaba por la no división en lotes, de forma que los órganos de contratación vienen obligados a justificar la no división en lotes si deciden mantener la unidad del objeto contractual.

Es decir, que la nueva LCSP no establece como posibilidad la división por lotes, sino que lo exige como regla general, pudiéndose acudir a la no división, de forma excepcional y siempre y cuando se haya justificado debidamente.

Excepcionalidad en la no división en lotes que ya aparecía recogida en el artículo 46.1 de la Directiva 2014/24/UE y que preceptúa que los poderes adjudicadores, en caso de que no dividan el objeto del contrato en lotes, deberán justificar su decisión, bien en los pliegos de la contratación, bien en el informe específico al que se refiere el artículo 84 de esa Directiva (informe específico sobre los procedimientos de adjudicación en el que se documentará el desarrollo de los mismos y la justificación de las decisiones adoptadas).

Justificación para la no división por lotes que ha de ser sólida, tal y como se ha reseñado, entre otros, en el Informe 48/2018 de 2 julio de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, debiendo de estar suficientemente motivada y fundada en las circunstancias concurrentes.

Por ello, en aquellos Expedientes de Contratación en los que se haya adoptado la decisión de no dividir por lotes, sin una justificación sólida, motivada y fundada para acudir a esa formalidad contractual se podrá interesar su nulidad, entre otras cuestiones, por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido para ello.

En este sentido, puede haber empresas especializadas en un determinado tipo de producto o servicio que se vean perjudicados y afectadas cuando la Administración acude a esta excepcional modalidad contractual de no dividir por lotes licitando contratos con prestaciones tan diversas y heterogéneas que no permitan a proveedores potencialmente interesados y aptos para concurrir a un determinado lote estando legitimados para impugnar el Expediente de Contratación, en especial, cuando se publiquen los Pliegos.

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